HOY SE CUMPLEN XX AÑOS DE LA CONVENCIÓN DE BELEM DO PARA
Por Ana Lucina García Maldonado y Evangelina García Prince
Hoy 9 de junio de 2014, se cumplen 20 años de la aprobación de la Convención de Belem do Pará, en el marco del más ominoso silencio institucional público y en las mas evidentes muestras de ineficiencia e ineficacia de las instancia oficiales responsables de la protección de los DD HH de las Mujeres y especialmente, de garantizarles, como lo establecen, dicho instrumento y la Ley venezolana en la materia, la prevención, atención y sanción contra la violencia de género en todas sus manifestaciones públicas y domésticas.
Belem do Para en este momento en nuestro país se encuentra en un status de imprecisión política, que puede suponer su invalidación como recurso para acceder a ese plano de la justicia para las víctimas venezolanas, ya que la decisión del actual gobierno de dejar de ser parte de la Convención Interamericana de DDHH y quedar fuera de la jurisdicción de la Corte Interamericana de DDHH, obstaculizan para las mujeres víctimas el acceso a esa esfera de la justicia regional.
Asunto por demás importante en una época como la presente, cuando a la violencia generalizada que padecemos y se acrecienta contra las mujeres en Venezuela, se suma en forma inédita en nuestra historia, la violencia política institucional que se ha desatado abierta e impunemente contra las compatriotas que intentan ejercer el derecho a la protesta, y arremete contra adolescentes, jóvenes y todas quienes desean expresar su opinión y son privadas de libertad sin respeto a los derechos y garantías constitucionales.
En el momento de su aprobación, el Estado venezolano fue un importante soporte político para el logro de la Convención de Belem do Para, y muchas de sus más reconocidas luchadoras por los DDHH de las Mujeres, fueron de las más importantes protagonistas de ese esfuerzo regional. Si hubo un Estado que acunó y apoyó fuertemente el esfuerzo de Belem do Para ese fue el Estado Venezolano de entonces. No hay duda que fue esta Convención la que impulsó definitivamente en toda América Latina y El Caribe, la aprobación de Leyes contra la Violencia, aunque el balance de su aplicación todavía no sea satisfactorio.
A 20 años de Belem do Pará, podemos señalar que en nuestro país son signos que llaman a la responsabilidad del Estado, entre otros los siguientes:
1) No existe información fidedigna sobre el número de víctimas que cobra entre las mujeres, la violencia generalizada que vive Venezuela con la tercera tasa de homicidios más alta de la región. No sólo se trata de ausencia de denuncias, sino que hay una grave ausencia de registros y hasta censura oficial. Se ha estimado que cuatro (4) mujeres son asesinadas a diario y por cada caso denunciado, 10 permanecen ocultos. Sobre el resto de los casos de violencia las cifras deben ser localizadas en fuentes diversas, incluso periodísticas y reflejan una situación de las más graves de la región.
2) No hay iniciativas oficiales sistemáticas de prevención. Las acciones de la Dirección de Prevención de la Violencia contra las Mujeres del MINPOPOMujer e Igualdad de Género, así como del denominada Observatorio de Género de ese despacho, se desconocen. Entrar en la página web de ese Ministerio no conduce siquiera a ubicar las mencionadas oficinas, de cuya creación se sabe sólo por noticias de prensa que se publican en esa página. Y por supuesto no hay ningún tipo de dato sobre sus actuaciones.
3) Si bien, la Fiscalía General de la República creó una unidad de atención y el Tribunal Supremo de Justicia creo cerca de 40 Tribunales para trámite a denuncias las cuales aumentaron sensiblemente, el índice de casos llevados a término y solución en sentencia no llega a 4%.
4) El Inamujer mantiene sólo 3 refugios en todo el país.
5) La información pública sobre las acciones del gobierno sobre la Trata de Personas, es limitada y escasamente accesible.
6) Son numerosos y objetivos los obstáculos para el acceso a la Justicia por parte de las mujeres víctimas de violencia, pese a los recién creados tribunales. Por eso no hay garantía cierta de sanción a los ofensores, lo cual produce que una gran proporción denuncias queden impunes.
7) La limitada capacitación de las y los funcionarios, sumada a las insuficiencias tribunalicias, el diferimiento injustificado de las audiencias de tribunales y otros factores que no legales que se hacen presentes, son agravantes de la situación.
Afortunadamente están las Organizaciones No Gubernamentales que responsablemente hacen seguimiento del caso y a quienes instamos a que mantengan sus valiosos esfuerzos para no permitir que estos 20 años de vigencia nominal de Belem do Para en nuestro país, puedan continuar pero con hechos concretos del Estado responsable, para darle vigencia real a esta importante Convención. Sumemos nuestros esfuerzos para que estos 20 años no pasen por debajo de la mesa de la atención pública.
EGP/ALGM 9/6/2014
